Por fortuna la fiscalía, o como dice llamarse, el Ministerio Fiscal empieza a actuar más enérgicamente en el contencioso-administrativo ambiental, y las instrucciones impartidas desde el coordinador estatal empiezan tener respuesta. Los fiscales están empleando la legitimación que les ha otorgado la ley para no sólo interponer recursos ante los Tribunales contencioso-administrativos, sino también, solicitar medidas cautelares en ese orden jurisdiccional.
Un reciente caso, el recurso y solicitud de cautelares contra tres parques eólicos en Valencia. Se ampliará información.
La pregunta que nos podemos hacer ahora, y ¿por qué no se emplean las medidas provisiones penales en estos casos tan graves? ¿Alguien tiene una idea?